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Ciencias Sociales ǀ TEMAS DE ACTUALIDAD

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*Autor de correspondencia

sebastian.codas@gmail.com

Editor de área:

José Duarte Penayo, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Asunción, Paraguay.

Editora jefe:

Griselda A. Meza Ocampos, Universidad Nacional de Asunción (UNA). Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT). San Lorenzo, Paraguay.

Co-editora:

Juliana Moura Mendes Arrúa, Universidad Nacional de Asunción (UNA). Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT). San Lorenzo, Paraguay.

Recibido:

29 de mayo de 2025

Revisado:

02 de agosto de 2025

Aceptado:

04 de agosto de 2025

Recibido en versión modificada:

04 de agosto de 2025

 

 

Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una Licencia Creative  Commons  “CC BY 4.0”.

Declaración de conflicto: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

e-ISSN 2709 -0817

Como citar: Codas Salinas, S. (2025). Paraguay ante la recta final de la Agenda 2030: desafíos institucionales y estrategias para acelerar el desarrollo sostenible. Revista investigaciones y estudios – UNA, 16(2), pp. 74-92.

Paraguay ante la recta final de la Agenda 2030: desafíos institucionales y estrategias para acelerar el desarrollo sostenible

Paraguay in the final stretch of the 2030 Agenda: Institutional challenges and strategies to accelerate sustainable development

Sebastián Codas Salinas1*

1 AXIAL Naturaleza y Cultura. Asunción, Paraguay

Resumen. A cinco años del plazo de la Agenda 2030, este artículo analiza la situación de Paraguay en el contexto de los desafíos regionales identificados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, incluyendo las trampas de bajo crecimiento, alta desigualdad y débiles capacidades institucionales. A pesar del compromiso formal de Paraguay, evidenciado por la creación de la Comisión para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la alineación del Plan Nacional de Desarrollo, el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible es mixto, con avances en áreas como acceso a energía, pero con retos significativos en pobreza, desigualdad, educación, trabajo decente y sostenibilidad ambiental. El análisis argumenta que un cuello de botella central para acelerar el progreso reside en la efectividad del marco institucional y la gobernanza, manifestándose en desafíos de coordinación intersectorial, desarrollo de capacidades y articulación territorial. Siguiendo el enfoque de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre la gestión de transformaciones, se propone que la aceleración requiere un fortalecimiento decidido de las instituciones y la gobernanza, la profundización del diálogo social y la colaboración multiactor, la movilización y gestión eficaz del financiamiento, y la implementación de políticas sectoriales ancladas en una institucionalidad más robusta. Se concluye enfatizando la urgencia de una acción coordinada y sostenida, con un fuerte componente institucional, para que Paraguay avance significativamente hacia el desarrollo sostenible en el próximo quinquenio.

Palabras-chave: Paraguay, desarrollo sostenible, instituciones.

Abstract. With five years remaining until the 2030 Agenda deadline, this article analyzes Paraguay's situation within the context of regional challenges identified by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, including the development traps of low growth, high inequality, and weak institutional capacities. Despite Paraguay's formal commitment, evidenced by the creation of the Sustainable Development Goals Commission and the alignment of the National Development Plan, progress towards the Sustainable Development Goals is mixed, showing progress in areas like energy access but facing significant challenges in poverty, inequality, education, decent work, and environmental sustainability. The analysis argues that a central bottleneck for accelerating progress lies in the effectiveness of the institutional framework and governance, manifesting in challenges related to intersectoral coordination, capacity development, and territorial articulation. Following the approach of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean to managing transformations, it is proposed that acceleration requires a decisive strengthening of institutions and governance, the deepening of social dialogue and multi-stakeholder collaboration, effective mobilization and management of financing, and the implementation of sectoral policies anchored in reinforced institutional capacity. The conclusion emphasizes the urgency of coordinated and sustained action, with a strong institutional component, for Paraguay to make significant strides towards sustainable development in the coming five years.

Keywords: Paraguay, sustainable development, institutions.

 

Introducción

Nos encontramos en 2025, a solo cinco años del plazo establecido por la comunidad internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plasmados en la Agenda 2030 (Figura 1). Para América Latina y el Caribe, esta recta final llega en un momento crítico. El reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado "América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 a cinco años de la meta: ¿Cómo gestionar las transformaciones para acelerar el progreso?" (CEPAL, 2025), subraya una realidad preocupante, aunque no sorprendente: el avance regional hacia los ODS es insuficiente y desigual.

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se estima que solo 23% de las metas evaluables se cumplirán en 2030 si se mantienen las tendencias actuales, una situación agravada por un contexto externo complejo, marcado por tensiones geopolíticas regionales y globales, bajo crecimiento de socios comerciales, los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 y la crisis climática (CEPAL, 2025).

La CEPAL identifica que la región enfrenta tres "trampas del desarrollo" interrelacionadas que frenan un progreso más acelerado: i) una baja capacidad para crecer de forma sostenida e inclusiva; ii) una arraigada trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión, y iii) una persistente debilidad en las capacidades institucionales y una gobernanza a menudo poco efectiva. Superar estas trampas, argumenta la CEPAL, requiere gestionar activamente las transformaciones estructurales necesarias (CEPAL, 2025).

Dentro de este panorama regional, Paraguay se presenta con sus propias particularidades. El país ha demostrado un compromiso formal continuo con la Agenda 2030, integrando una alta mayoría de sus aspiraciones en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, también llamado PND 2030, y estableciendo la Comisión ODS Paraguay 2030 como órgano coordinador. Sin embargo, los resultados reflejan la complejidad del desafío: en 2022, Paraguay se ubicó en el puesto 91 de 163 países en el Índice ODS global, con una puntuación (67,4/100) ligeramente inferior al promedio latinoamericano (Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2022a). El progreso general en los ODS clave muestra un "panorama mixto", con avances en ciertas áreas, pero con retos significativos que persisten en dimensiones críticas como la pobreza, la desigualdad, la educación, la salud, el trabajo decente y la sostenibilidad ambiental (World Bank Group, 2024; Grassi, 2020).

Este artículo se propone analizar la situación de Paraguay en la antesala de 2030, examinando sus avances, los desafíos específicos que enfrenta y las oportunidades para acelerar el cumplimiento de los ODS en los próximos cinco años. Adoptando el marco conceptual propuesto por CEPAL sobre la gestión de las transformaciones necesarias (CEPAL, 2024; CEPAL, 2025), se pondrá especial énfasis en el rol crucial que juegan las instituciones y la gobernanza. Se explorará cómo las capacidades institucionales – o la falta de ellas – influyen en la capacidad del país para superar las trampas del desarrollo y avanzar hacia un futuro más productivo, inclusivo y sostenible, en línea con los compromisos de la Agenda 2030.

Paraguay y los ODS: Un diagnóstico de progreso mixto

El camino de Paraguay hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presenta un panorama complejo y heterogéneo. Si bien el país ha formalizado su compromiso a través de instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND 2030) y la creación de la Comisión ODS Paraguay, su posición en el Índice ODS global de 2022 (puesto 91 con 67,4 puntos) lo sitúa ligeramente por debajo del promedio regional, evidenciando la magnitud de los desafíos pendientes (Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2022a). El análisis detallado del progreso revela avances concretos en ciertas áreas, pero también estancamientos y retrocesos significativos en otras dimensiones cruciales del desarrollo sostenible.

Entre los logros más destacados, Paraguay ha alcanzado prácticamente la universalización del acceso a la electricidad (ODS 7), llegando al 100% de la población en 2022 (World Bank Group, 2025). Asimismo, ha demostrado una notable resiliencia económica reciente, con un crecimiento del PIB del 4,7% en 2023 (ODS 8), 4,2% en 2024 (BCP, preliminar) y proyección positiva para 2025 (~4%), superando el desempeño promedio de la región post-pandemia. La esperanza de vida al nacer también ha mostrado progreso, situándose en 70 años en 2022, aunque todavía con margen de mejoras (ODS 3). (World Bank Group, 2025; Banco Central del Paraguay, 2024; Fondo Monetario Internacional (FMI), 2024)

No obstante, estos avances contrastan con desafíos persistentes y estructurales en múltiples frentes. En el ámbito social (ODS 1 y 10), utilizando las líneas de pobreza nacionales, Paraguay logró reducir la pobreza moderada al 24,7% y la extrema al 5,6% en 2022, aunque la mayor parte de esta reducción ocurrió antes de 2014. Datos más recientes con metodología actualizada pos-censo indican una pobreza moderada del 22,7% y extrema del 4,9% en 2023. Aunque la pobreza medida por la línea internacional de $2,15/día es baja (indicando cumplimiento relativo del ODS 1.1.1), las cifras nacionales revelan que una proporción considerable de la población aún tiene dificultades para cubrir el costo de vida local (World Bank Group, 2024).

La vulnerabilidad es particularmente alta en grupos como la población rural de edad avanzada. Si bien la cobertura total de pensiones (contributivas y no contributivas) para personas de 65 años y más rondaba el 53% a nivel nacional en 2023, existe una marcada concentración de las jubilaciones contributivas en las zonas urbanas (Gabinete Social de la Presidencia de la República, 2021; Bruno, 2017). Aunque la importante Pensión Alimentaria no contributiva busca llegar a la población mayor en situación de pobreza, incluyendo la rural, la desprotección en la vejez sigue siendo un desafío significativo en estas áreas. Paraguay, además, mantiene niveles de desigualdad elevados, con un coeficiente de Gini de 45 en 2022. Esta desigualdad afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos; por ejemplo, se observan brechas de género significativas en la pobreza en edades clave de transición laboral (20-29 años) y una alta concentración de la pobreza en niños y jóvenes (0-19 años). De manera particularmente alarmante, la población indígena enfrenta niveles de pobreza extrema muy superiores al promedio nacional, con estimaciones que indicaban que dos tercios de esta población vivía en pobreza en 2017 (World Bank Group, 2024).

En capital humano, los retos en salud (ODS 3) y educación (ODS 4) son considerables. El Índice de Capital Humano, que mide cuánto capital humano puede esperar acumular un niño nacido hoy hasta los 18 años en función de los riesgos de salud y educación del país, se situó en 0,5 para Paraguay en 2020. Este valor significa que se proyecta que un niño nacido en Paraguay hoy alcanzará, en promedio, solo el 50% de la productividad potencial que podría obtener si gozara de educación completa y salud plena (World Bank Group, 2025; World Bank Group, 2024).

Esta brecha en capital humano se refleja en los resultados de aprendizaje, cuya evaluación internacional PISA 2022 confirma serias deficiencias. Paraguay se situó entre las últimas posiciones a nivel global y entre los países con más bajo desempeño de América Latina, con puntajes promedio muy inferiores a la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) en Matemáticas, Lectura y Ciencias. Más preocupante aún es el altísimo porcentaje de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo de competencias: aproximadamente un 85% en Matemáticas, un 65% en Lectura y un 71% en Ciencias no demostraron habilidades básicas para aplicar sus conocimientos. Las brechas educativas son aún más pronunciadas para estudiantes indígenas o guaraní-hablantes, quienes mostraron desempeños significativamente inferiores en PISA 2022 (OECD, 2023; World Bank Group, 2024).

Persisten también problemas significativos de culminación de la educación secundaria: la tasa de finalización a nivel nacional fue de 72,6% en 2023, lo que implica que más de uno de cada cuatro jóvenes no completa este nivel educativo en el tiempo esperado. Además, existen profundas brechas territoriales (finalización en zonas rurales: 58,0%) y socioeconómicas (finalización en situación de pobreza: 48,4%) (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2024). Estudios recientes señalan que la exclusión educativa en este nivel responde a múltiples barreras, incluyendo factores económicos (pobreza, necesidad de trabajar), limitaciones en la oferta y calidad educativa (especialmente rural), y factores familiares y sociales, condicionando las futuras oportunidades laborales y de productividad de una gran parte de la población joven. Esta situación contribuye a una alta tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINIs), que en 2022 afectaba al 17% de la población entre 15 y 24 años, con una incidencia marcadamente mayor en las mujeres jóvenes (casi 25%) y en la población en situación de pobreza (más del 30%), reflejando dificultades en la transición escuela-trabajo (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2023; World Bank Group, 2024).

En salud, aunque la esperanza de vida muestra progreso, la supervivencia infantil es cercana al promedio regional, y la prevalencia general de retraso en el crecimiento (stunting) es relativamente baja (~3,4% en 2022 vs 11,5% ALC), persisten agudas disparidades: la tasa de stunting reportada entre niños y niñas indígenas supera el 30%, una cifra dramáticamente superior al promedio nacional (World Bank Group, 2025; FAO, 2023b; UNICEF, 2023; World Bank Group, 2024). A ello se suman problemas graves como la mortalidad materna, que se situó en 88,8 por 100.000 nacidos vivos en 2022, tras un fuerte aumento durante la pandemia (con un pico de 159,9 en 2021), manteniéndose por encima del umbral de 70/100.000 NV de los ODS y confirmándose como un problema de salud pública prioritario (MSPyBS, 2023a; MSPyBS, 2023b). Por otra parte, la implementación efectiva de políticas clave como la educación integral de la sexualidad enfrenta obstáculos significativos, incluyendo fuerte controversia política y social ligada a campañas contra la denominada «ideología de género», tabúes culturales, y reportada falta de capacitación docente y voluntad política sostenida (Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), 2023). Un reflejo de los desafíos pendientes en salud sexual y reproductiva es la persistencia de una alta cifra de nacimientos en niñas y adolescentes, reportándose 13 casos por día en 2023.

En la esfera económica y laboral (ODS 8), si bien se destaca la resiliencia macroeconómica reciente con crecimientos del PIB impulsados por sectores como servicios, construcción y manufactura, persisten desafíos estructurales profundos. La alta tasa de informalidad laboral, que afectaba a alrededor del 63% del empleo en 2022, limita severamente el acceso a la protección social y al trabajo decente. El perfil productivo del país muestra una diversificación económica aún limitada, aunque creciente, con una dependencia histórica de sectores basados en recursos naturales (BCP, 2024; World Bank Group, 2024). La estructura del empleo refleja esto, con una alta concentración en el sector terciario (superior al 70% en las zonas más pobladas) y una participación menor de la industria manufacturera (históricamente en torno al 12% nacional) y del sector primario (INE, 2024; World Bank Group, 2024).Adicionalmente, Paraguay muestra poca participación relativa en las Cadenas Globales de Valor, lo que restringe oportunidades de diversificación y sofisticación productiva (Sanguinetti et al., 2021; Rocha y Ruta, 2022). Finalmente, la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB es extremadamente baja (aproximadamente 0,15% en 2021), limitando la capacidad de innovación y el aumento de la productividad a largo plazo. Estas características estructurales dificultan la generación de suficientes empleos de calidad, lo que impacta especialmente las oportunidades de inserción laboral formal para los jóvenes y perpetúa las brechas de género en el acceso a trabajos decentes (INE, 2024; World Bank Group, 2024).

El sector agrícola, pilar económico y de empleo, presenta una marcada dualidad: una producción de commodities a gran escala, intensiva en capital, coexiste con una Agricultura Familiar Campesina (AFC) que, según el Censo Agropecuario Nacional 2022, agrupa a la gran mayoría de las fincas (más de 259.000, con 56% teniendo 5 hectáreas o menos) pero ocupa una porción mínima de la tierra (Unión de Gremios de la Producción (UGP), 2024). Esta AFC, clave para la seguridad alimentaria local, enfrenta persistentes dificultades de acceso a crédito (solo 14,9% lo recibió) y asistencia técnica (15,2%) (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Nutrición (FAO), 2023a). Si bien existen políticas de apoyo (Ley 6286/2019), se reporta una significativa disminución del empleo agrícola y de la población rural entre 2008 y 2022 (Centro de Estudios y Promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socioambiental, 2023). Los esfuerzos por diversificar la producción más allá de los commodities tradicionales incluyen la promoción de sistemas agroforestales (ej. proyecto PROEZA en varios departamentos) y algunos encadenamientos con agroindustrias rurales (mandioca, caña, sésamo), aunque la integración de la AFC en cadenas de mayor valor sigue siendo un desafío (Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2020).

La sostenibilidad ambiental (ODS 13 y 15) es una preocupación central. Paraguay es altamente vulnerable al cambio climático, sufriendo impactos severos por sequías e inundaciones que afectan la economía y aumentan la pobreza (Grassi, 2020; Gayoso de Ervin & Rubiano-Matulevich, 2023). Si bien el país mantenía una cobertura forestal total del 44,3% en 2022, compuesta mayoritariamente por bosques nativos (36,6%) frente a una pequeña pero creciente superficie de plantaciones forestales (0,5%), la pérdida de bosque natural continúa a un ritmo alarmante. Solo en 2024, se perdieron 270.000 hectáreas de bosque natural, principalmente debido a la expansión de la frontera agropecuaria, sobre todo en el Chaco. Esta situación, junto a conflictos por la tenencia de la tierra, impacta de manera particular los territorios y medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas (Instituto Forestal Nacional (INFONA), 2023; Global Forest Watch, 2025; World Bank Group, 2024; POJOAJU, 2021). Adicionalmente, la expansión de monocultivos forestales a gran escala (como el eucalipto) genera creciente preocupación por sus potenciales impactos negativos sobre los recursos hídricos, la calidad del suelo y la biodiversidad local, en contraste con los ecosistemas de bosque nativo que reemplazan (Yampey, 2023, Santos, 2023).

En cuanto a servicios básicos (ODS 6), el acceso a saneamiento gestionado de forma segura alcanzaba solo al 55% de la población en 2022 . Incluso la fortaleza en energía (ODS 7), donde el acceso a la electricidad alcanzó el 100% en 2022, muestra matices importantes. Es crucial distinguir esta matriz eléctrica limpia del panorama del consumo final total de energía del país, donde persiste una alta dependencia de la biomasa tradicional (leña, carbón vegetal) y de los combustibles fósiles importados, lo cual representa el verdadero desafío energético en términos de sostenibilidad y emisiones para otros sectores más allá del eléctrico. Y si bien la generación eléctrica paraguaya es abrumadoramente renovable gracias a sus grandes represas hidroeléctricas (Itaipu, Yacyretá, Acaray), la contribución de otras fuentes renovables no convencionales (solar, eólica, biomasa moderna) a la red nacional es aún prácticamente nula (World Bank Group, 2025; Viceministerio de Minas y Energía, 2024).

Este diagnóstico de progreso mixto evidencia que, si bien existen bases y compromisos, Paraguay necesita redoblar y enfocar sus esfuerzos para superar estos desafíos estructurales y acelerar el paso hacia las metas de la Agenda 2030 en los próximos cinco años. Lograr avances sustantivos en las múltiples dimensiones comprometidas requerirá no solo políticas sectoriales adecuadas, sino fundamentalmente superar debilidades transversales en la gobernanza pública y la capacidad institucional. Además, las brechas persistentes en el desarrollo del capital humano y en el acceso a oportunidades, especialmente para la numerosa población joven y para las mujeres, representan un riesgo significativo de desaprovechar el bono demográfico del país, comprometiendo futuras ganancias de productividad y bienestar (OECD, 2018; Contraloría General de la República (CGR), 2024; World Bank Group, 2024).

Las Trampas del desarrollo en Paraguay: Obstáculos estructurales y externos

El avance de Paraguay hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ve condicionado por la manifestación local de las tres "trampas del desarrollo" que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, caracterizan a gran parte de América Latina y el Caribe. Estos obstáculos estructurales, sumados a la incidencia de shocks externos, configuran un escenario complejo que requiere un análisis detallado para comprender las barreras a un progreso más acelerado. (CEPAL, 2024; CEPAL, 2025)

La Trampa de baja capacidad de crecimiento

Paraguay enfrenta limitaciones estructurales para sostener un crecimiento económico dinámico, inclusivo y diversificado. Su economía muestra una alta vulnerabilidad ligada a la dependencia de productos básicos agropecuarios, susceptibles a la volatilidad de precios internacionales y, crucialmente, a los impactos del cambio climático, como sequías e inundaciones que afectan directamente la producción agrícola y energética. A pesar de un desempeño reciente positivo del PIB, la base productiva requiere mayor diversificación, tal como reconoce el PND 2030. (Grassi, 2020; Gayoso de Ervin & Rubiano-Matulevich, 2023; World Bank Group, 2025; Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), 2021).

Un desafío central es la elevada informalidad laboral, que alcanzaba al 63% del empleo en 2024, limitando la productividad, la recaudación fiscal y el acceso de gran parte de la población a la protección social y al trabajo decente (ODS 8). Este panorama se complementa con un diagnóstico desfavorable respecto a la eficiencia productiva general del país; estudios del propio Ministerio de Economía y Finanzas (anteriormente Ministerio de Hacienda), confirman un bajo crecimiento histórico de la Productividad Total de Factores (PTF) hasta 2019, un desafío estructural que Paraguay comparte con muchos países de la región (Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2022b; Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), 2024). Como reflejo de esta brecha de eficiencia, la productividad laboral del país se estimaba recientemente en apenas un 60% del promedio de América Latina y el Caribe (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2019). La inversión pública, aunque con un déficit fiscal manejable, se situaba en un modesto 2,9% del PIB en 2021, lo cual, junto a la escasa inversión en ciencia e innovación, refleja posibles limitaciones para impulsar una transformación productiva a gran escala. (OECD, 2024; Ministerio de Economía y finanzas (MEF), 2025; Ministerio de Economía y Finanzas, 2022a)

La trampa de alta desigualdad y baja movilidad social

A pesar de los esfuerzos por reducir la pobreza, Paraguay persiste como uno de los países con mayor desigualdad en Sudamérica (ODS 10). Esta desigualdad se manifiesta en la concentración del ingreso, pero también en profundas brechas territoriales entre zonas urbanas y rurales en el acceso a servicios y oportunidades. Un ejemplo claro es la ínfima cobertura de jubilación para personas mayores en áreas rurales (1.7%) comparada con el promedio nacional (8.9%), evidenciando la desprotección de este grupo (ODS 1). Las deficiencias en la calidad de la educación, reflejadas en los bajos resultados en PISA 2022, son un factor determinante del bajo Índice de Capital Humano (HCI) de Paraguay (0.53 en 2020), inferior al promedio de América Latina y el Caribe (0.56) (World Bank Group, HCI data). (POJOAJU, 2021; OECD, 2023)

Si bien los componentes de salud promedio del HCI paraguayo son comparativamente mejores que los educativos, también presentan matices: la tasa de supervivencia infantil hasta los 5 años (~98%) se encuentra cerca del promedio regional, pero la prevalencia general de retraso en el crecimiento (stunting) en menores de 5 años, aunque relativamente baja a nivel nacional (~3.4% en 2022, comparado con 11.5% en ALC) según estimaciones recientes (FAO, 2023b), oculta profundas desigualdades, con tasas mucho más elevadas en poblaciones vulnerables como la indígena (World Bank Group, 2024; UNICEF, 2023). Estas brechas en salud, sumadas a las graves carencias educativas y otros problemas como la mortalidad materna aún elevada, limitan severamente la acumulación de capital humano, la productividad potencial futura y las oportunidades de movilidad social ascendente, perpetuando ciclos de exclusión y desigualdad (ODS 10). (MSPyBS, 2023a)

La Trampa de bajas capacidades institucionales y gobernanza

Si bien Paraguay ha establecido un andamiaje institucional formal para la Agenda 2030, incluyendo la Comisión ODS Paraguay 2030 y la alineación del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030), su efectividad operativa enfrenta desafíos significativos (ODS 16), constituyendo la tercera trampa del desarrollo identificada por CEPAL (STP, 2021). Estudios como la Revisión de Gobernanza Pública de la OECD (2018) ya señalaban la necesidad de un enfoque integral de reforma administrativa, apuntando a debilidades clave como la fragmentación y la débil coordinación entre ministerios y entre niveles de gobierno (nacional y subnacional). Persisten así los "desafíos en la coordinación interinstitucional" (Contraloría General de la República (CGR), 2024), dificultando la generación de sinergias y la implementación coherente de políticas complejas como las requeridas por los ODS.

A esto se suma una desconexión persistente entre la planificación estratégica y la asignación presupuestaria anual, lo que limita la capacidad de financiar consistentemente las prioridades de desarrollo a largo plazo definidas en el PND 2030. La articulación efectiva entre los niveles nacional y subnacional también sigue siendo un reto; a pesar de esfuerzos como la alineación de planes locales: de ordenamiento urbano y territorial (POUT) y de desarrollo municipal sustentable (PDMS), y los Informes Locales Voluntarios, la descentralización efectiva y el fortalecimiento de capacidades locales son aún tareas pendientes. Además, la necesaria profesionalización del servicio civil basada en el mérito enfrenta resistencias, y persisten riesgos de captura de políticas que pueden desviar los esfuerzos de desarrollo (OECD, 2018; STP, 2022).

La baja capacidad institucional se refleja también en la calidad y eficiencia del gasto público. Evaluaciones recientes como el PIMA del FMI estiman una brecha de eficiencia en la inversión pública en infraestructura del 60%, muy superior a la de países comparables, identificando debilidades en la planificación, selección y monitoreo de proyectos (Hurtado Arcos et al, 2024). Otros análisis han estimado ineficiencias generales del gasto público que podrían rondar el 3,9% del PIB (Pessino et al., 2018). Factores como el elevado peso de los gastos en servicios personales dentro del presupuesto  y oportunidades de mejora en la focalización del gasto social para asegurar que llegue efectivamente a los más vulnerables contribuyen a esta situación. Mejorar la gestión de las finanzas públicas (PFM), evaluada periódicamente a través de herramientas como PEFA, es indispensable para optimizar el uso de los recursos fiscales relativamente bajos del país. En conjunto, estas debilidades en coordinación, planificación, capacidades del servicio civil y eficiencia del gasto constituyen un obstáculo transversal significativo "crucial" según el Ministerio de Relaciones Exteriores para acelerar el desarrollo sostenible. (MEF, 2025; World Bank Group, 2024; Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), 2023).

Interacción con shocks externos

Estas trampas estructurales se han visto exacerbadas por una serie de shocks externos recientes. La pandemia de COVID-19 tensionó el sistema de salud, provocó pérdidas de empleo y aumentó desigualdades, especialmente en zonas fronterizas, aunque las medidas de asistencia social lograron mitigar parcialmente el impacto en la pobreza (FHI 360, 2022; Rojas et al., 2024; OECD, 2024). Los eventos climáticos extremos, como los ocurridos en 2019, han tenido un fuerte impacto económico, reduciendo el PIB per cápita y aumentando la pobreza (Grassi, 2020; Gayoso de Ervin & Rubiano-Matulevich, 2023). Aunque Paraguay ha mostrado mayor resiliencia en crecimiento que sus vecinos, las tensiones geopolíticas globales y la desaceleración económica regional generan incertidumbre y afectan la demanda de exportaciones y los precios. Estos factores externos interactúan con las vulnerabilidades internas, dificultando la salida de las trampas del desarrollo y el avance sostenido hacia los ODS. (FMI, 2024; BCP, 2024; World Bank Group, 2024; La Mañana, 2025; Lisa Institute, 2019)

Gestionando las transformaciones: Fortalecimiento institucional y acciones estratégicas para Paraguay

Superar las trampas del desarrollo y acelerar el avance hacia los ODS en los próximos cinco años requiere, como plantea, un enfoque proactivo centrado en gestionar las transformaciones estructurales necesarias. Para Paraguay, esto implica ir más allá de la simple formulación de políticas y abordar de manera integral los "cómo" del cambio, fortaleciendo la gobernanza, las capacidades institucionales, el diálogo social, la movilización de financiamiento y el diseño de acciones estratégicas, siguiendo el marco propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL, 2024; CEPAL, 2025).

 

 

Fortalecimiento institucional y gobernanza efectiva para los ODS

Una institucionalidad robusta y una gobernanza eficaz son la piedra angular para la implementación exitosa de la Agenda 2030. Si bien Paraguay cuenta con estructuras formales como la Comisión ODS Paraguay 2030 y un PND 2030 alineado, el desafío reside en mejorar su efectividad operativa. La evidencia sobre dificultades en la coordinación interinstitucional subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación entre ministerios y entidades. Esto podría implicar dotar de mayores recursos y un mandato más claro a la Comisión ODS, o establecer procesos y plataformas interministeriales más ágiles y vinculantes, potenciadas por sistemas de información interoperables que faciliten el intercambio de datos y la gestión coordinada de políticas y servicios. (CEPAL, 2025)

Asimismo, es crucial invertir en el desarrollo de las capacidades Técnicas, Operativas, Políticas y Prospectivas (TOPP) de las instituciones públicas (CEPAL, 2025). En el ámbito operativo, más allá de la formación continua y la adopción de herramientas modernas, se podrían explorar modelos innovadores para mejorar la eficiencia en la ejecución de prioridades y la prestación de servicios. Por ejemplo, la implementación de unidades de cumplimiento o delivery units  enfocadas en alcanzar metas específicas de los ODS, o el desarrollo de modelos de “ventanilla única” para simplificar el acceso ciudadano a la red de servicios públicos. La aplicabilidad de estos modelos debería adaptarse a las realidades territoriales: en zonas de alta dispersión demográfica, podrían primar soluciones digitales, plataformas móviles o centros de servicio itinerantes articulados localmente; mientras que en áreas de alta densidad poblacional y crecimiento económico, podrían ser más viables centros de servicios integrados físicos o plataformas digitales más complejas. El fortalecimiento de la capacidad de planificación a largo plazo (prospectiva) es igualmente vital para anticipar desafíos y oportunidades. El propio PND 2030 reconoce estas necesidades al incorporar un eje de "Fortalecimiento Político Institucional" en su versión actualizada (Santiso & Lafuente, 2018; STP, 2021).

La dimensión territorial es otro aspecto crítico. Es necesario ir más allá de la alineación formal de planes locales (POUT, PDMS) y fortalecer las capacidades reales de los gobiernos subnacionales para implementar y financiar acciones ODS. Mejorar la articulación vertical, asegurar flujos de recursos adecuados y utilizar herramientas como los Informes Locales Voluntarios no solo como informes sino como instrumentos de diálogo y aprendizaje multinivel, son pasos esenciales (STP, 2022; CEPAL, 2025). Finalmente, se deben aprovechar y potenciar los sistemas de monitoreo y evaluación existentes (Gabinete Social de la Presidencia de la República, 2021; Comisión ODS Paraguay 2030, 2018) para una gestión adaptativa basada en evidencia. Un componente adicional clave para el fortalecimiento institucional y la gobernanza efectiva es mejorar la calidad de las regulaciones y la capacidad del Estado para incorporar criterios técnicos robustos en el diseño y debate de políticas públicas. La adopción de Buenas Prácticas Regulatorias (BPR) es fundamental para asegurar que las normativas sean necesarias, eficientes, eficaces y transparentes, contribuyendo así a un mejor ambiente de negocios y al logro de los ODS (OECD, 2012). Herramientas como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) permiten evaluar ex-ante las distintas opciones regulatorias, sopesando sus costos y beneficios económicos, sociales y ambientales, y garantizando una toma de decisiones más informada y basada en evidencia. Paraguay ha mostrado un compromiso formal en esta área al firmar la “Declaración de Buenas Prácticas Regulatorias” en la Cumbre de las Américas en junio de 2022. Si bien la experiencia del país es aún incipiente, se han dado pasos iniciales con proyectos piloto de AIR y la recepción de cooperación técnica internacional (Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 2021), lo cual evidencia un camino prometedor para profundizar. Consolidar e institucionalizar el uso del AIR y las BPR en el ciclo de políticas públicas representa una vía concreta para elevar la capacidad técnica del Estado y asegurar que las intervenciones para alcanzar los ODS sean más coherentes y efectivas (ODS 17) y generen los resultados esperados.

Impulso al diálogo social y la colaboración multiactor

La Agenda 2030 es una empresa colectiva. Acelerar su implementación requiere profundizar y ampliar la colaboración entre todos los actores relevantes. Paraguay cuenta con experiencias valiosas recientes, como el proceso participativo para el 5º Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA), (2022) o la articulación con el sistema de Naciones Unidas (Naciones Unidas Paraguay, 2024). Existen también mecanismos como el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP), concebido para facilitar el diálogo estratégico (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), 2021) aunque la intermitencia en su operación limita el potencial del organismo para construir consensos y articular acciones sostenidas en el tiempo. Más allá de la creación formal de estos espacios, el desafío crucial reside en asegurar su funcionamiento consistente, respaldo político continuo y la efectividad real de sus deliberaciones para que se conviertan en componentes regulares e influyentes en la implementación y seguimiento de los instrumentos de visión y planificación del desarrollo como el PND y los ODS. Esto implica fortalecer plataformas permanentes donde el gobierno (nacional y local, ejecutivo, legislativo y judicial), el sector privado, la sociedad civil organizada, la academia y la cooperación internacional puedan conjuntamente identificar prioridades, co-diseñar soluciones, movilizar recursos, adoptar regulaciones, y monitorear el progreso (CEPAL, 2025; Farias et al., 2022).

Movilización de financiamiento y gestión eficaz de recursos

Dada la relativamente baja recaudación fiscal de Paraguay en comparación regional, las estrategias deben abordar tanto la movilización de mayores recursos como el uso más eficiente y estratégico de los fondos disponibles. Internamente, esto apunta a la necesidad de explorar reformas fiscales que aumenten los ingresos de manera progresiva y mejoren la administración tributaria para reducir la evasión (Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2022a). Un paso institucional significativo en esta dirección fue la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en 2023, mediante la fusión de las anteriores administraciones de impuestos internos (SET) y aduanas (DNA). Esta reforma ha sido asociada a una mejora notable en la recaudación fiscal, con crecimientos interanuales superiores al 20% reportados para el año 2024. Las razones citadas para este desempeño positivo incluyen las sinergias obtenidas por la unificación, un uso más intensivo de la tecnología (como la facturación electrónica SIFEN) para el cruce de datos y la gestión de riesgos, y un fortalecimiento de los controles para combatir la evasión y el contrabando. Esta experiencia reciente ilustra el potencial de las reformas institucionales focalizadas para fortalecer la capacidad fiscal del Estado, un elemento clave para financiar las inversiones requeridas por los ODS. (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), 2025)

Externamente y en el ámbito de la innovación, se pueden escalar instrumentos ya adoptados como los Bonos ODS, y explorar más activamente mecanismos como las Alianzas Público-Privadas (APP) bien diseñadas y las finanzas combinadas para atraer inversión privada hacia metas ODS. A nivel internacional, Paraguay puede sumar su voz a los esfuerzos regionales por una reforma de la arquitectura financiera internacional que facilite el acceso a financiamiento concesional y mecanismos innovadores para el desarrollo sostenible (Morimoto, 2021; Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2022a; CEPAL, 2025).

Hacia políticas públicas transformadoras con base institucional

Las secciones anteriores identificaron los ODS donde Paraguay enfrenta mayores rezagos (pobreza y desigualdad, calidad educativa y sanitaria, trabajo decente, acción climática, etc.). Abordarlos requiere políticas públicas específicas y bien diseñadas. Sin embargo, el éxito de estas políticas dependerá críticamente de la capacidad institucional para implementarlas. Por ejemplo, abordar la alta informalidad laboral (ODS 8), que afectaba al 63% del empleo en 2022, requiere un enfoque que vaya más allá de la simple fiscalización. Es crucial reconocer que para muchas MIPYMEs paraguayas, que constituyen la vasta mayoría de las unidades económicas y empleadoras, la formalización se percibe a menudo como un conjunto de costos adicionales (tributarios, de seguridad social, de cumplimiento normativo) con beneficios tangibles poco evidentes a corto plazo. Por lo tanto, las políticas públicas deben enfocarse en modificar esta ecuación costo-beneficio, diseñando incentivos económicos y estructurales concretos que hagan la formalidad no solo necesaria, sino también ventajosa. (World Bank Group, 2024)

Esto podría incluir:

  Simplificación de trámites: Facilitar al máximo los procesos de registro, declaración y pago de impuestos y contribuciones, posiblemente expandiendo o mejorando regímenes simplificados existentes, en forma complementaria a los procesos de bancarización digital.

  Progresividad y valor percibido en la seguridad social: Explorar esquemas de contribución a la seguridad social que sean más accesibles para MIPYMEs y trabajadores independientes, y comunicar claramente los beneficios asociados (salud, jubilación) para aumentar su valoración. (World Bank Group, 2024)

  Vincular la formalidad a beneficios tangibles: Condicionar o facilitar el acceso a instrumentos de apoyo clave –como créditos preferenciales (ej. vía AFD), asistencia técnica especializada, acceso a compras públicas, programas de apoyo a la exportación– al estatus formal de la empresa.

  Mejora del entorno general: Reforzar la percepción de que los impuestos se traducen en mejores servicios públicos (infraestructura, seguridad, educación para futuros empleados) que benefician directamente la actividad empresarial.

Estas medidas, combinadas con una inspección laboral efectiva y mecanismos coordinados de protección social que también cubran a los trabajadores por cuenta propia, podrían generar un círculo virtuoso que impulse la formalización y la mejora de la calidad del empleo en Paraguay.

Mejorar la calidad educativa (ODS 4) demanda capacidades técnicas en el ministerio, coordinación con docentes y recursos bien gestionados. La adaptación al cambio climático (ODS 13) necesita planificación prospectiva, coordinación intersectorial (agricultura, energía, infraestructura) y articulación territorial. Por tanto, el diseño de políticas debe ir de la mano con el fortalecimiento institucional necesario para su ejecución y evaluación.

Navegando la economía política del cambio

Finalmente, como sugiere CEPAL (2025), gestionar las transformaciones implica también entender y navegar la economía política del cambio. Reformas significativas, ya sean fiscales, institucionales o sectoriales, suelen encontrar resistencias que deben ser gestionadas con sensibilidad y pragmatismo para construir las coaliciones amplias necesarias para viabilizar las acciones estratégicas.

En el caso de Paraguay, este desafío de economía política es particularmente agudo en lo que respecta a la impostergable evolución hacia un modelo de desarrollo más complejo y diversificado. Superar la dependencia de sectores basados en recursos naturales, lograr un salto significativo en la productividad y desarrollar nuevas capacidades para integrarse en cadenas de mayor valor agregado, son transformaciones que inevitablemente generan tensiones. Requieren reasignar recursos, enfrentar intereses creados en sectores tradicionales y sostener inversiones a largo plazo en áreas como la innovación y el capital humano, cuyos beneficios pueden no ser inmediatos. Además, asegurar que esta transformación permita aprovechar la ventana de oportunidad del bono demográfico, generando empleos de calidad para una población joven creciente, demanda una visión de Estado y una coordinación intertemporal que trascienda los ciclos políticos cortos.

Por ello, la construcción de consensos, a través de los espacios de diálogo social y colaboración multiactor discutidos previamente, y una comunicación efectiva sobre los beneficios a largo plazo de un modelo económico más sofisticado e inclusivo, son herramientas cruciales. Se requiere un liderazgo capaz de articular una visión compartida y forjar alianzas duraderas entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil para impulsar y sostener estas transformaciones estructurales, fundamentales para el cumplimiento de la Agenda 2030 en Paraguay.

En definitiva, acelerar el progreso hacia los ODS en Paraguay en la recta final hacia 2030 demanda un enfoque integral que combine el fortalecimiento decidido de las instituciones y la gobernanza, la promoción de una colaboración multiactor efectiva, una estrategia financiera innovadora y eficiente, y el diseño e implementación de políticas públicas transformadoras ancladas en estas capacidades reforzadas.

 

 

Conclusión

Al entrar en la recta final hacia el 2030, con solo cinco años restantes para cumplir con la Agenda para el Desarrollo Sostenible, Paraguay se encuentra en una encrucijada decisiva. El análisis presentado, enmarcado en el diagnóstico regional de CEPAL (2025), revela que, si bien el país ha sentado bases importantes y demostrado compromiso formal, el progreso hacia los ODS es mixto y enfrenta obstáculos estructurales significativos (STP, 2021; Comisión ODS Paraguay 2030, 2018; Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2022a; World Bank Group, 2024). Los avances en áreas como el acceso a la energía  y la reciente resiliencia económica son innegables, pero no logran sobrellevar los desafíos persistentes en la reducción de la pobreza y la desigualdad, la mejora del capital humano, la creación de trabajo decente y la impostergable acción climática (World Bank Group, 2025; FMI, 2024; POJOAJU, 2021; OECD, 2024; Grassi, 2020).

Este artículo ha puesto de relieve que uno de los nudos críticos para desbloquear un avance más rápido y sostenido reside en la efectividad de las instituciones y la gobernanza. La existencia de estructuras formales como la Comisión ODS Paraguay no ha sido suficiente para superar las dificultades en la coordinación intersectorial (Contraloría General de la República, 2024), la articulación efectiva con los territorios y la movilización y uso eficiente de los recursos. Esta "trampa de bajas capacidades institucionales", identificada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como un mal regional, se manifiesta claramente en el contexto paraguayo y limita el impacto de las políticas públicas. (CEPAL, 2024; CEPAL, 2025)

Por lo tanto, acelerar el paso hacia 2030 requiere ir más allá de acciones aisladas. Es imperativo adoptar un enfoque integral centrado en gestionar activamente las transformaciones necesarias, tal como propone CEPAL (2025). Esto significa priorizar el fortalecimiento decidido de la arquitectura institucional – mejorando la coordinación, a través del desarrollo de capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP) en las entidades clave, y de una conexión real con las necesidades locales. Implica también profundizar el diálogo social y la colaboración multiactor, construyendo sobre las iniciativas existentes para forjar alianzas robustas entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Asimismo, exige estrategias innovadoras para financiar el desarrollo, de modo a combinar una mayor movilización de recursos internos con un uso más eficiente y el aprovechamiento de instrumentos como los Bonos ODS (Morimoto, 2021; PAGA, 2022; Naciones Unidas Paraguay, 2024).

Paraguay ha demostrado compromiso formal y resiliencia macroeconómica. Sin embargo, los próximos cinco años demandarán un esfuerzo sostenido, coordinado y estratégico para superar los desafíos persistentes y traducir las aspiraciones de la Agenda 2030 en mejoras concretas y duraderas para toda su población (FIIAPP, 2021). Lograr un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible es posible, pero requerirá la voluntad política y la acción concertada de todos los sectores de la sociedad paraguaya.

 

 

Contribución de autores:  1.Conceptualización: S. C. S.; 2.Curación de datos: ; 3.Análisis formal: S. C. S.; 4.Adquisición de fondos:  ;5.Investigación:  ; 6.Metodología: S. C. S. ; 7.Administración del Proyecto: ; 8.Recursos:  ; 9.Software: ;  10.Supervisión:   ;11.Validación:  ;12.Visualización: ; 13.Redacción-borrador original: S. C. S.; 14.Redacción-revisión y edición:   

Fuente de Financiamiento: Sin fuente de financiamiento

Disponibilidad de datos: Los datos utilizados en esta investigación podrán ser solicitados al autor de correspondencia según pertinencia: Sebastián Codas Salinas, correo electrónico: sebastian.codas@gmail.com

Revisión por pares: Este  artículo fue  evaluado mediante un  proceso de  revisión  por pares anónima.

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