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ISSN Online: 2788-9572 ISSN Printed: 2519-7797 |
ARTÍCULO origina Kera yvoty, vol. 11, 2026, e7091 https://doi.org/10.54549/ky.2026.11.e7091
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Editor Responsable: Carmen García Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Sociales. San Lorenzo, Paraguay. |
Recibido: 16-12-2025 Aceptado: 22-07-2026 |
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Efectos de la ocupación ilegal del campo comunal en las familias campesinas de Costa Irala, Quiindy, 2023
Effects of the Illegal occupation of communal land on peasant families in Costa Irala, Quiindy, 2023
Jessenia Aramí Guarie Barboza1 
Belén
Alarcon1
Elba
Núñez1
1 Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Sociales. San Lorenzo, Paraguay.
Correspondencia: enunez.py@gmail.com
resumen
La investigación caracterizó los efectos de la ocupación ilegal del campo comunal en familias campesinas de Costa Irala, distrito de Quiindy, durante 2023. Desde un enfoque cualitativo, descriptivo y exploratorio, se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas a jefes y jefas de hogar, además de un grupo focal con integrantes de la Comisión Vecinal. Los hallazgos muestran que la ocupación redujo el espacio destinado al pastoreo y a la producción de pequeña escala, afectó la alimentación y la salud de los animales por la contaminación de cursos de agua, intensificó los conflictos comunitarios y generó amedrentamientos y denuncias judiciales contra referentes de la organización local. También se identificó una brecha entre la protección legal de los campos comunales y la respuesta institucional, especialmente ante las denuncias presentadas al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. Se concluye que el campo comunal no es solo un recurso productivo, sino una base económica, social y cultural para la vida campesina. Su ocupación compromete la sostenibilidad de las familias y exige acciones estatales oportunas, transparentes y orientadas a proteger el uso colectivo de la tierra.
Palabras clave: ocupación ilegal, campo comunal, familias campesinas, tierra colectiva, respuesta estatal.
abstract
The study characterized the effects of the illegal occupation of communal land on peasant families in Costa Irala, district of Quiindy, in 2023. A qualitative, descriptive, and exploratory design was used. Data were collected through 15 semi-structured interviews with heads of household and one focus group with members of the Neighborhood Commission. The findings show that the occupation reduced the area available for grazing and small-scale production, affected animal feeding and health due to the contamination of watercourses, intensified community conflict, and led to intimidation and legal complaints against local leaders. The study also identified a gap between the legal protection of communal lands and the institutional response, particularly regarding complaints submitted to Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. It concludes that communal land is not only a productive resource, but also an economic, social, and cultural foundation for peasant life. Its occupation undermines family sustainability and requires timely, transparent state action aimed at protecting collective land use.
Keywords: illegal occupation, communal land, peasant families, collective land, state response.
introducción
La ocupación ilegal del campo comunal de Costa Irala, en el distrito de Quiindy, constituye un conflicto territorial que afecta directamente a familias campesinas cuyo modo de vida depende del uso colectivo de la tierra. Para estas familias, el campo comunal no es solo un espacio destinado al pastoreo o a la producción de pequeña escala; es también una base material, social y cultural que sostiene la economía familiar, la cooperación comunitaria y el arraigo territorial.
Los antecedentes recuperados durante el trabajo de campo vinculan esta ocupación con el avance de ganaderos y empresarios vecinos, así como con presuntas irregularidades administrativas relacionadas con documentos y parcelas ubicadas dentro del campo comunal. Esta situación compromete la sostenibilidad de aproximadamente 300 familias usuarias del territorio.
En esta investigación, el campo comunal se comprende como un bien común territorial; es decir, como un espacio de uso colectivo que no implica acceso abierto ni ausencia de reglas. Por el contrario, lo común se sostiene mediante acuerdos, prácticas de cuidado, normas comunitarias y formas de cooperación que permiten regular el uso del territorio y garantizar su reproducción en el tiempo. En línea con Saidel (2017), “lo común debe ser entendido como un principio de acción política que conlleva responsabilidades y normas ajenas a las del capitalismo neoliberal, bajo cuyo imperio el planeta se dirige a una catástrofe ecológica, económica y civilizatoria” (p. 163).
Esta perspectiva permite discutir críticamente la tesis clásica de Hardin (1968), según la cual los bienes comunes tenderían a deteriorarse cuando los individuos, guiados por su propio interés, incrementan el uso de un recurso compartido hasta provocar su degradación colectiva. En el caso de Costa Irala, esta distinción es fundamental: el problema no radica en el carácter comunal del campo, sino en su ocupación irregular, en la privatización de hecho de partes del territorio y en la insuficiente protección institucional frente a estos procesos.
Desde una mirada histórica y social, los bienes comunales no pueden entenderse únicamente como propiedades jurídicas o espacios físicos delimitados. Luchía (2005) plantea que la propiedad comunal se expresa en un entramado de derechos, usos, prácticas productivas y conflictos sociales. En esa misma línea, Liverani (2016) sostiene que las tierras comunales confieren a la comunidad el derecho y la responsabilidad de cuidar los recursos del territorio. Por ello, el campo comunal puede leerse como una forma colectiva de acceso, uso y permanencia en la tierra, orientada no solo a la producción, sino también al sostenimiento de la vida comunitaria, la identidad campesina, la alimentación, el trabajo y el arraigo territorial (Dobrée et al., 2013). Esta lectura dialoga, además, con Vargas Sánchez y Nacimiento Coronel (2000), quienes vinculan los campos comunales con formas históricas de asociacionismo rural basadas en una concepción colectiva de la tierra.
En Paraguay, la disputa por la tierra se inscribe en una trayectoria histórica marcada por la concentración, el despojo y la desigualdad en el acceso al territorio. Pastore (1972) muestra que los campos comunales y otros recursos colectivos fueron progresivamente debilitados por ocupaciones, arrendamientos y apropiaciones privadas que afectaron a comunidades campesinas e indígenas. Fogel (2001), por su parte, sostiene que la tierra constituye un eje central de la cuestión campesina, porque su concentración reproduce pobreza, exclusión y desigualdad rural. Esta problemática se profundiza en el contexto actual, donde la expansión de la soja, la ganadería y otros procesos extractivos incrementa la presión sobre los territorios campesinos y favorece la concentración de la tierra en manos de actores con mayor poder económico (Fogel Pedroso, 2018; Gudynas, 2017; Rojas Villagra et al., 2017).
Los campos comunales también cuentan con reconocimiento jurídico en Paraguay. El Estatuto Agrario los define como superficies habilitadas en asentamientos coloniales agrícolas para el “uso gratuito de la comunidad”, destinadas al “pastoreo o abrevaje del ganado” (Ley N.° 1863/2002, art. 29). Además, establece que son “inembargables, imprescriptibles, indivisibles e inalienables” y que no pueden destinarse a fines distintos a los previstos por la ley (art. 30). No obstante, Areco et al. (2014) advierten que esta modalidad de tenencia colectiva se encuentra en retroceso, pese a su reconocimiento normativo, debido a procesos de ocupación, parcelación, transferencia irregular y débil intervención estatal.
A partir de este marco teórico y normativo, la investigación analiza los efectos de la ocupación ilegal del campo comunal en las familias campesinas de Costa Irala durante el año 2023. El estudio busca aportar evidencia situada sobre sus consecuencias económicas, sociales, organizativas e institucionales, y discutir los resultados a la luz de una idea central: el campo comunal no es un recurso secundario ni residual, sino una condición fundamental para la reproducción social campesina. Por ello, su ocupación expresa una tensión entre el uso colectivo de la tierra, la apropiación privada del territorio y la limitada capacidad estatal para proteger derechos comunitarios reconocidos por la propia legislación agraria.
METODOLOGÍA
Se desarrolló un estudio cualitativo, de nivel descriptivo y alcance exploratorio, orientado a comprender cómo la ocupación ilegal del campo comunal afecta la subsistencia, la organización comunitaria y la relación de las familias campesinas de Costa Irala con su territorio.
La población del estudio está conformada por aproximadamente 300 familias campesinas de la compañía Costa Irala, usuarias del campo comunal y afectadas por su ocupación. La comunidad se encuentra ubicada a 10 km del centro urbano de Quiindy, en el departamento de Paraguarí, y a 119 km de Asunción.
Las aproximadamente 300 familias identificadas corresponden al conjunto de familias usuarias del campo comunal. Sin embargo, no todas integran la Comisión Vecinal ni participan directamente en las acciones de defensa y gestión del recurso comunitario. La Comisión Vecinal está conformada por un grupo específico de representantes y miembros de la comunidad, encargado de la organización, administración y protección del campo comunal.
La muestra fue no probabilística, de tipo intencional o por criterio, y estuvo integrada por 15 jefes y jefas de hogar pertenecientes a familias campesinas usuarias del campo comunal, así como por personas vinculadas a la Comisión Vecinal. La selección de las personas participantes respondió a su vinculación directa con el uso, la integración a la organización comunitaria y la defensa del campo comunal.
Se excluyó a personas que no residieran en Costa Irala, que no tuvieran relación directa con el uso del campo comunal o que no aceptaran participar voluntariamente mediante consentimiento informado.
El trabajo de campo combinó 15 entrevistas semiestructuradas individuales a jefes y jefas de hogar y una única sesión de grupo focal con 18 integrantes de la Comisión Vecinal responsable de la defensa del campo comunal. La actividad se desarrolló durante una de las reuniones semanales ordinarias de la comisión. En una primera etapa, la dinámica fue conducida por los propios miembros de la organización, conforme a la modalidad habitual de sus encuentros; posteriormente, las investigadoras asumieron la moderación con el propósito de orientar la discusión hacia los objetivos y temas de interés del estudio. Las categorías abordadas fueron: condiciones socioeconómicas, formas de uso del campo comunal, organización comunitaria, conflictos derivados de la ocupación y respuestas institucionales.
Las grabaciones fueron desgrabadas en el idioma original y se conservaron expresiones en guaraní por su valor cultural, comunicativo e interpretativo.
El análisis se organizó mediante categorías temáticas derivadas de los objetivos del estudio y de la información producida en entrevistas y grupo focal. Primero se realizó una lectura comprensiva de las transcripciones; luego se agruparon los relatos en tres dimensiones: económica, social-organizativa e institucional.
Los resultados se presentan de forma descriptiva en tres dimensiones: condiciones económicas y reproducción social; relaciones sociales, organización comunitaria y gestión del territorio; y respuestas de las autoridades ante las demandas de defensa del campo comunal. La discusión vincula los hallazgos con las dimensiones, las categorías de análisis, la literatura revisada y el marco normativo sobre campos comunales y reforma agraria.
Durante la investigación se garantizó la confidencialidad de los datos recabados, conforme a los principios éticos de la investigación social. Para el desarrollo del trabajo de campo, se gestionaron los permisos correspondientes con la Comisión Vecinal del campo comunal.
La participación fue voluntaria y sujeto a la firma del consentimiento informado. Durante las entrevistas y el grupo focal se promovió un ambiente de respeto, escucha activa y confianza, resguardando la dignidad y seguridad de las personas participantes.
RESULTADOS
Los resultados se organizan en tres dimensiones: económica, social-organizativa e institucional. En conjunto, muestran que la ocupación del campo comunal afecta la producción familiar, altera las relaciones comunitarias y expone una brecha entre la protección legal del territorio y la respuesta estatal recibida por la comunidad.
Características económicas de familias campesinas y reproducción social
Los testimonios vinculan el campo comunal con una memoria territorial compartida. Para las familias entrevistadas, no se trata únicamente de un espacio para el pastoreo, sino de un bien colectivo utilizado por generaciones y asociado a la reforma agraria.
los campos kondaha’éi ipyahúa pea ko según la historia de los Francia y de los López ohejaaraka’e los campos comunales. (Entr. 1)
La antigüedad de uso varía entre las familias. Algunas señalan que utilizan el campo desde hace 10 a 30 años; otras recuerdan que sus padres y abuelos ya lo usaban. Esa continuidad fortalece la idea del campo comunal como una herencia colectiva, más que como un simple recurso productivo.
Are’imaroipuru el campo comunal oiméne 10 años mahína. (Entr. 3)
Desde que nací, ahora tengo 62 años ha ore rukuéraoipuruma’akue. (Entr. 8)
En los relatos, el derecho a la tierra no se presenta como una reivindicación abstracta, sino como una condición concreta para que las familias puedan continuar viviendo, produciendo y sosteniendo sus vínculos en Costa Irala. La permanencia en la comunidad depende, en buena medida, de la seguridad en el acceso y uso del campo comunal, pues en este territorio se desarrollan actividades productivas esenciales, se articulan redes de ayuda mutua y se reproducen prácticas de gestión colectiva.
La comunidad entera dejará de existir sin el campo comunal, porque todos dependemos de ese espacio para tener a nuestros animales, los que usamos el campo somos todos familias humildes. (Entr. 1)
El campo comunal también funciona como un espacio de encuentro y trabajo compartido. Las familias organizan tareas de limpieza, reparación de alambrados, compra de postes y mantenimiento general, lo que refuerza la dimensión comunitaria del territorio.
Entre todos nos ayudamos para mantener nuestro campo en buenas condiciones. Hacemos aportes para comprar alambre y postes, y algunas personas también aportan gratuitamente su mano de obra porque utilizan el campo. (Entr. 3)
La agricultura y la ganadería familiar constituyen las principales actividades económicas de las familias entrevistadas. La mayoría produce para el consumo familiar y mantiene animales en el campo comunal porque los predios domésticos no ofrecen espacio suficiente para la cría.
Me dedico a la agricultura, trabajo en mi chacra y cuido mis vacas. (Entr. 7)
Agricultura y pequeña ganadería, todo para consumo familiar. (Entr. 2)
La cantidad de animales varía, pero varios hogares refieren tener entre 5 y 15 vacas dentro del campo. Esta información permite dimensionar la importancia económica del uso colectivo: la reducción del territorio disponible afecta directamente el alimento del ganado y, con ello, la producción familiar.
Me dedico a la agricultura, trabajo en mi chacra y cuido mis vacas. (Entr. 3)
En cuanto a las condiciones de vida, las familias señalan acceso a agua, electricidad, escuela y centro de salud. La principal carencia mencionada es el transporte público, por lo que la motocicleta se vuelve un medio indispensable para llegar al centro urbano de Quiindy.
El colectivo no entra acá, no hay transporte, cada uno tiene que verse como puede para llegar a la ciudad y la mayoría acá por eso tiene moto. (Entr. 1)
Los hogares entrevistados están compuestos, en su mayoría, por tres a siete integrantes, y solo una o dos personas generan ingresos. Esta composición muestra la fragilidad económica de las familias y explica por qué la pérdida o reducción del campo comunal tendría efectos directos sobre la subsistencia cotidiana.
Relaciones sociales, ocupación y organización comunitaria
El campo comunal de Costa Irala fue habilitado en 1974, durante la dictadura. Los testimonios mencionan dos mensuras: una administrativa, de 814 hectáreas, y una judicial u oficial, de 922 hectáreas. Con los descuentos correspondientes a la ruta, la comunidad identifica actualmente unas 912 hectáreas de campo comunal.
Y nuestro campo comunal de Costa Irala fue habilitado en 1974; en aquel tiempo existía el IBR, durante la época de Stroessner. (Entr. 1)
Las familias entrevistadas conocen el marco legal que regula los campos comunales y señalan que estos espacios están destinados a personas sujetas a la reforma agraria. Sin embargo, relatan que la ocupación se produjo mediante alambrados, asentamientos, uso privado de parcelas y presunta emisión de títulos sobre áreas que deberían mantenerse como bienes de uso colectivo.
Los campos comunales pertenecen al Estado y deben estar destinados a personas de escasos recursos que sean beneficiarias de la reforma agraria. (Entr. 2)
La situación de Costa Irala guarda relación con problemas identificados por García (1994), quien señala que varios campos comunales del país enfrentan ocupaciones ilegales, invasión de animales, parcelaciones, ventas y títulos otorgados después de la habilitación. En Costa Irala, los principales ocupantes señalados por la comunidad son empresarios y ganaderos vecinos.
Nos van cercando y nuestro campo se va reduciendo. Al principio comenzaron a colocar alambradas poco a poco y, al cabo de un año, prácticamente ya estaba todo cercado. Nosotros nos oponemos a eso porque la ley establece que no se puede hacer; son acciones contrarias a la ley y a los derechos de las personas usuarias. (Entr. 1)
Otro hecho señalado por las familias es la instalación de una fábrica de caña de azúcar dentro del campo comunal. Según los testimonios, la autorización inicial habría sido temporal, pero al año siguiente los responsables ya contaban con título sobre una hectárea. Para la comunidad, este hecho marcó un deterioro progresivo de la calidad de vida y profundizó la preocupación por la pérdida del territorio.
Así también se dio una parte para montar la fábrica de caña para usar por un periodo de 3 años y entraron en 2004 y para el 2005 ya tenían el título de 1 . (Entr. 3)
Las consecuencias relatadas no son solo territoriales. Las familias mencionan malos olores, contaminación de cursos de agua y problemas de salud en los animales que beben del arroyo. La reducción del campo también disminuye la disponibilidad de pastura, lo que compromete la alimentación del ganado y la economía familiar.
Hay contaminación, pueden sentir el mal olor en el ambiente. (Entr. 4)
Aparte eso es perjudicial lo del arroyo porque se van nuestras vacas y toman agua contaminada y se enferman de nosotros, también si se achica nuestro campo ikatu opa avei y nos quedamos sin pastura lo que significa quedarnos sin comida para las vacas. (Entr. 5)
Antes de las ocupaciones, las familias recuerdan una vida comunitaria con menos conflictos, mayor espacio para la cría de animales y menor preocupación por riesgos ambientales. La ocupación, en cambio, introdujo tensiones entre vecinos y debilitó la seguridad con la que las familias usaban el territorio.
La Comisión Vecinal administra el campo comunal y cumple un papel central en su defensa. Sus integrantes organizan reuniones, registran actas, promueven actividades de mantenimiento y recaudan fondos para sostener el funcionamiento de la organización.
Nosotros hacemos actas de cada reunión, fecha por fecha, y de esta manera dejamos constancia de todo lo hablado y de las actividades. (Entr. 5)
Realizamos actividades; también haremos un festival en diciembre y organizamos viajes. Cada persona colabora en la medida de sus posibilidades. (Entr. 6)
La organización comunitaria también se expresa en la articulación con la Asociación Nacional de Organizaciones de Campos Comunales (ANOCC), que agrupa a comisiones y organizaciones de distintos puntos del país. Esta articulación permite compartir información, acompañar movilizaciones y fortalecer la defensa colectiva de los campos comunales.
Nuestra organización se llama ANOCC, que significa Asociación Nacional de los Campos Comunales. Esta organización representa a los campos comunales del país. Cada año se realiza una asamblea y ahora se llevará a cabo una asamblea informativa, en la que se tratarán las inquietudes existentes. (Entr. 1)
A pesar de esa capacidad organizativa, la defensa del campo comunal se desarrolla en un clima de presión. Los integrantes de la Comisión refieren amedrentamientos, querellas y denuncias judiciales por parte de ocupantes. Estas acciones son interpretadas como intentos de desalentar la participación comunitaria.
eso por todas partes da problemas, porque nos denuncian y querellan no solo a uno sino al grupo. (Entr. 1)
ellos hacen eso porque quieren amedrentarnos y callarnos, estamos todo en un litigio legal de audiencia en audiencia. (Entr. 3)
Los relatos también muestran una relación desigual entre las familias usuarias y los actores que ocupan el campo. Según los entrevistados, algunos ocupantes cuentan con mayor poder económico, vínculos políticos y grandes cantidades de ganado, lo que reduce el alimento disponible para los animales de las familias campesinas, tal como muestra en la siguiente expresión: “Ellos tienen la plata y los contactos en la política y usan todo eso a su favor” (Entr. 4).
Respuestas de las autoridades ante las demandas en defensa del campo comunal
Las políticas públicas vinculadas a la tierra comprometen a distintas instituciones del Estado. El INDERT tiene competencia directa en materia de campos comunales, mientras que la Procuraduría General de la República resguarda los intereses patrimoniales del Estado y el Poder Judicial debe intervenir frente a adjudicaciones o apropiaciones irregulares (Rojas Villagra, 2014).
De acuerdo con los testimonios, la comunidad presentó denuncias ante el INDERT por ocupaciones, loteamientos y presunta emisión de títulos sobre parcelas del campo comunal. Sin embargo, los entrevistados sostienen que no recibieron una respuesta efectiva.
No tenemos respuesta del INDERT; ellos saben perfectamente todo lo que está ocurriendo, pero no intervienen. (Entr. 7)
La respuesta del INDERT es nada, se hacen de los desentendidos. (Entr. 6)
Algunos integrantes de la Comisión Vecinal denuncian presuntas irregularidades relacionadas con la venta, el loteamiento o la entrega de títulos sobre partes del campo comunal. Para la comunidad, la falta de intervención institucional dificulta el uso de las pruebas que afirman poseer y genera una sensación de desprotección.
Los propios funcionarios se encargan de vender y de lotear partes de los campos y de entregar títulos falsos a cambio de mucha plata. (Entr. 3)
Frente a esta situación, las familias reconocen como único respaldo concreto el acompañamiento de la Municipalidad de Quiindy, aunque también señalan que la administración municipal no tiene competencia directa sobre los campos comunales. El reclamo principal de la comunidad es que se respete la ley y se garantice la protección efectiva del uso colectivo, como se muestra en la siguiente expresión: “Ore rohótachupekuéra hasta la última instancia, ojerrespetáarãñande ley” (Entr. 5)
Hasta el momento del trabajo de campo, las y los entrevistados, indicaron que aún no habían acudido a las instancias judiciales, porque se encontraban esperando una respuesta del INDERT y, al mismo tiempo, debían enfrentar las denuncias presentadas por los ocupantes en contra de los legítimos administradores del campo comunal. Esta situación muestra una brecha entre el reconocimiento legal de los campos comunales y la capacidad real de las familias para defender el territorio comunal.
DISCUSIÓN
Los resultados permiten comprender el campo comunal no solo como un espacio físico destinado al pastoreo, sino como una base de reproducción económica, social y cultural de las familias campesinas. Esta lectura dialoga con Dobrée et al. (2013), quienes sostienen que el acceso seguro y estable a la tierra es una condición para sostener medios de vida a largo plazo y coincide con Luchía (2005), quien sostiene que los bienes comunales contribuyen a sostener la vida comunitaria y las formas colectivas de organización. En Costa Irala, el campo aparece ligado a la crianza de animales, al trabajo familiar, a la cooperación vecinal y a la continuidad histórica del vínculo campesino con la tierra.
Los hallazgos también se inscriben en una problemática estructural vinculada con la concentración de la tierra y con la expansión de modelos productivos que reducen los espacios disponibles para la agricultura familiar. En diálogo con Areco (2014), CDE (2019) y Rojas Villagra et al. (2017), la ocupación del campo comunal puede interpretarse como parte de un proceso más amplio de presión sobre territorios campesinos, donde actores con mayor poder económico restringen las posibilidades de subsistencia de familias de escasos recursos.
Desde esta perspectiva, Pastore (1972) aporta una lectura histórica clave: las disputas por el control de la tierra en Paraguay han estado marcadas por la apropiación de bienes comunes, la pérdida de espacios de uso colectivo y la subordinación de poblaciones rurales frente a actores con mayor poder económico y político. En Costa Irala, la ocupación ilegal no solo reduce un recurso productivo; reactualiza una tensión histórica entre uso comunitario, reproducción campesina y apropiación privada del territorio.
La dimensión organizativa muestra que la Comisión Vecinal funciona como mecanismo de defensa territorial y de gestión comunitaria. Esta experiencia confirma que el acceso seguro a la tierra, como plantean Dobrée et al. (2013), no depende únicamente de la disponibilidad física del recurso, sino también del reconocimiento jurídico, la organización social y la capacidad institucional de protección. Las reuniones, actas, actividades de colaboración y articulación con la Asociación expresan estrategias comunitarias de resistencia frente a la ocupación ilegal.
La débil respuesta institucional señalada por los entrevistados tensiona el marco legal que protege los campos comunales. Aunque el Estatuto Agrario reconoce su carácter comunitario y establece límites a la parcelación o enajenación, los relatos muestran una brecha entre la norma y su cumplimiento efectivo. En este punto, los hallazgos dialogan con Fogel Pedroso (2018), en tanto evidencian que las luchas campesinas por la tierra se desarrollan en contextos de desigualdad de poder, conflictividad territorial y limitada protección estatal.
El principal aporte del estudio es visibilizar una problemática territorial específica desde la voz de las familias campesinas afectadas. Su alcance es cualitativo y situado: al trabajar con una muestra intencional de 15 jefes y jefas de hogar vinculados a la Comisión Vecinal, los resultados no pueden generalizarse a toda la población de Costa Irala. No obstante, ofrecen evidencia relevante para orientar nuevas investigaciones que permita profundizar en todas las aristas que presenta la ocupación illegal que afecta a las familias de Costa Irala.
CONCLUSIONES
La ocupación ilegal del campo comunal de Costa Irala afecta una base central de la vida campesina. Las familias entrevistadas dependen de la agricultura y la ganadería de pequeña escala, y reconocen el campo comunal como un espacio heredado, usado por generaciones y vinculado a la reforma agraria.
La reducción del espacio comunitario limita el pastoreo, disminuye la disponibilidad de alimento para los animales y compromete la producción familiar. Además, las familias señalan que las ocupaciones trajeron más conflictos, mayor preocupación por la contaminación de cursos de agua y riesgos para la salud de los animales.
La Comisión Vecinal constituye la principal herramienta organizativa para defender el campo comunal. Sin embargo, sus integrantes enfrentan barreras importantes: amedrentamientos, denuncias judiciales, conflictos con ocupantes y una respuesta institucional que consideran insuficiente.
A pesar de que existe un marco legal que protege los campos comunales, los testimonios evidencian una brecha entre la norma y su aplicación efectiva. La falta de respuesta estatal, especialmente del INDERT, debilita la seguridad territorial de las familias y refuerza la percepción de desigualdad frente a actores con mayor poder económico y político.
Finalmente, el campo comunal no es solo un recurso para producir: es un soporte económico, social y cultural que sostiene el arraigo comunitario. Su pérdida o reducción amenaza la continuidad de la vida campesina en Costa Irala y profundiza condiciones de vulnerabilidad económica. Por tratarse de un estudio cualitativo con muestra intencional, los resultados deben leerse como una aproximación situada, útil para fortalecer la defensa comunitaria, orientar nuevas investigaciones y promover acciones estatales de protección efectiva de los campos comunales.
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Información sobre las Autoras
Jessenia Aramí Guarie Barboza. Licenciada en Trabajo Social por la FACSO con formación Con Diplomado en Políticas públicas de prevención de la tortura. Experiencia en trabajo comunitario, atención a personas y gestión de casos. Integrante del equipo ganador del segundo lugar en el I Foro de Investigación FACSO 2019. Seleccionada por la UNA para las XXXII Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM 2025 en Argentina.
Belén Alarcon. Licenciada en Trabajo Social, FACSO-UNA, experiencia en proyectos de impacto social orientados a desarrollo comunitario y fortalecimiento de comisiones vecinales (2022 Capiatá, Territorio Social Lucio Martínez, 2023), gestión institucional; participación en salud, medioambiente, prevención del suicidio ‘Vidas en Equilibrio’, espacios verdes FACSO (2023) y VII Congreso Trabajo Social en Paraguay.
Elba Núñez. Trabajadora social y abogada, Magíster en Ciencias Políticas y Especialista en Políticas Sociales. Doctora en Educación y Desarrollo Humano. Profesora adjunta de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FACSO-UNA). Investigadora categorizada por el SISNI y evaluadora par de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Con experiencia en investigación, docencia y extensión universitaria en derechos humanos, género, políticas sociales y educación superior.
Contribución de los/as autores/as
JAGB: conceptualización, curación de datos, investigación, metodología, validación, redacción del borrador original
BA: investigación, metodología, visualización.
EN: supervisión, redacción, revisión y edición.
Conflicto de Interés
Las autoras declaran no poseer conflictos de intereses.
Fuente de Financimiento
Sin financiación.
Declaración de Preprints
Este manuscrito no ha sido publicado previamente como preprint en ningún repositorio.
Disponibilidad de Datos
Los conjuntos de datos generados y/o analizados durante el estudio están disponibles previa solicitud a la autora correspondiente. Email: enunez.py@gmail.com
DECLARACIÓN DE REVISIÓN POR PARES
Este artículo fue evaluado mediante un proceso de revisión por pares anónimos, conforme al procedimiento de transparencia editorial de la revista. Las observaciones y sugerencias de los revisores fueron consideradas por las autoras hasta alcanzar la versión final publicada, garantizando la integridad científica del trabajo y la confidencialidad de los evaluadores.
NOTA
Este artículo deriva del trabajo final de grado presentado para acceder a la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FACSO-UNA).
Cita
Guarie Barboza, J. A., Alarcon, B., y Núñez, E. (2026). Efectos de la ocupación ilegal del campo comunal en las familias campesinas de Costa Irala, Quiindy, 2023. Kera yvoty: reflexiones sobre la cuestión social, 11, e7011. https://doi.org/10.54549/ky.2026.11.e7091